martes, 22 de noviembre de 2011

Nuevo ataque de la RAE a elcastellano.



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Por Ricardo Soca


El secretario general de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva Prieto, atribuyó a este humilde escriba, en una reciente entrevista a la agencia EFE, el dudoso mérito de haber contribuido a que la «docta casa» haya llegado en octubre a los cincuenta millones de visitas.

Tal milagro, que le puede hacer crecer la nariz como a Pinocho a este imaginativo académico, se habría debido, según él, al apoyo masivo que obtuvimos en la internet tras el ataque sufrido en septiembre por parte de la RAE. Como se sabe, la entidad financiada por los contribuyentes españoles y por multinacionales con sede en Madrid y Barcelona nos envió amenazas de procesos civiles y penales mediante un mensaje electrónico (y no una carta, como dice Villanueva) procedente del servicio jurídico de Grupo Planeta, por haber puesto material de la Academia a disposición de los hispanohablantes en nuestro portal elcastellano.org. El procedimiento de este filólogo galaico-asturiano resulta indigno de su ciencia y parece más propio de otras profesiones: primero mandar a los matones y después distorsionar la verdad ante la prensa.

En efecto, Villanueva intenta vincular nuestra denuncia del ataque perpetrado por el consorcio RAE-Planeta, con las elecciones argentinas, algo que cree fundamentar en el fuerte apoyo que recibimos por parte de la prensa del Cono Sur, a la que su institución y las academias filiales se negaron reiteradamente a dar declaraciones.

Nos parece un tanto delirante que el académico haga esa relación entre las candidaturas a las elecciones en la Argentina y el hecho de que se prestara atención a nuestro caso en los medios del Cono Sur. Al parecer, la RAE no entiende que los hablantes, sean de donde sean, puedan tener un criterio autónomo y una conciencia nítida de que la lengua es de todos, y no de las corporaciones, y de que intenten defender esa propiedad común de intentos de monopolización como el que la corporación española ha protagonizado a instancias de sus patrocinadores. Y quizá en la RAE estén tan habituados a que los medios españoles omitan todo lo que puede perjudicar a la «docta casa», que les resulta ahora extraño que el periodismo latinoamericano no tenga una actitud tan sumisa y reverencial, y se limite a cumplir con su deber, que es informar al ciudadano de lo que le incumbe.

En una versión más digna de un guionista de teleteatro que de un académico que debería comportarse en forma de merecer respeto, Villanueva nos acusa de «haber manipulado el diccionario [...] cambiando algunas cuestiones en función de sus [nuestros] criterios».

Como todos saben, lo que hicimos no fue publicar un diccionario pirata, como el entrevistado sugiere, sino presentar en nuestra web información sobre los cambios previstos por la Academia para la edición de 2014 mostrándolos todos juntos, un servicio que la RAE siempre ha negado y sigue negando a sus visitantes. El respetado lingüista mexicano Luis Fernando Lara había afirmado el mes pasado que «el conflicto que ha creado el emisario de Planeta —otro vicario de la Academia— con Ricardo Soca más bien parece el intento de impedir algo que a la Academia le habría gustado hacer antes que Soca».

En su papel de mandadero del Grupo Planeta, Villanueva afirmó que los portales que incluían material de la RAE hacían «uso fraudulento del diccionario» (?), aunque no explicó en qué consistiría el delito de fraude de que los acusa irresponsablemente. Por otra parte, mintió como un beduino al afirmar que todos esos sitios web retiraron los contenidos cuestionados, algo que hasta él sabe que no es verdad y esperamos que nunca llegue a serlo.

El lingüista español José del Valle, de la City University de Nueva York, calificó estos hechos como «un ataque obsceno de la RAE por medio de sus matones corporativos» en defensa de un mito ideológico y acientífico fomentado por la Academia y sus subsidiarias: la existencia de un supuesto español panhispánico, una lengua que nadie habla pero que sirve a los intereses de las corporaciones, según estudios económicos patrocinados por la Fundación Telefónica.

Decir una verdad para introducir subrepticiamente falsedades en un argumento es un método muy utilizado por políticos inescrupulosos para engañar a su electorado. Villanueva acude a este recurso al afirmar que las consultas al Diccionario Panhispánico de Dudas son «abiertas y gratuitas», lo que es verdadero, aunque no dice que la versión en línea de este diccionario no ofrece ni siquiera un lemario de todas sus entradas, lo que facilitaría mucho las búsquedas al usuario; y omite el hecho de que para acceder a algunas funciones del Diccionario de la Lengua Española es preciso comprar un DVD que no es barato, porque en la web de la Academia no se ofrecen. Y que para consultar todos los diccionarios incluidos en el Nuevo Tesoro Lexicográfico hay que comprar dos DVD muy caros vendidos por Espasa (Planeta), porque en la web solo se presentan algunos. Un procedimiento de mercadeo que tal vez sea apropiado para supermercados y centros comerciales pero que resulta inadecuado y poco digno para una academia que debería velar por sus casi tres siglos de historia.

Las filólogas catalanas Silvia Senz y Montse Alberte, coeditoras y coautoras del libro El dardo en la Academia, que se publica por estos días en España, destacaron en conversaciones con elcastellano.org que «la RAE no ofrece todos sus contenidos en abierto ni mucho menos, y los que ofrece no son nada amigables y se dan en malas condiciones de usabilidad. Para empezar —nos indicó Alberte—, la propia web no cumple siete recomendaciones de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0), entre ellas proporcionar atajos de teclado e indicar el idioma principal del documento (resulta paradójico que justamente la RAE no indique el idioma). Las posibilidades de consulta de su principal diccionario, el DRAE, se reducen a una: buscar una entrada por el lema y visualizarla; no se ofrecen hiperenlaces a las distintas palabras que forman la entrada; no se permiten búsquedas por marcas técnicas, ni por uso lingüístico, ni por ámbito geográfico ni cronológico, ni por categorías gramaticales, etc. La web de la RAE no permite tampoco conocer el lemario que conforma el DRAE ni el del DPD, ni visualizar los avances de la próxima edición del DRAE en paralelo a la edición actual, lo cual dificulta mucho las consultas. Todas estas prestaciones, en cambio,  podemos obtenerlas en la red gracias a otros portales, mantenidos por particulares que han desarrollado desinteresadamente aplicaciones y presentaciones que mejoran en mucho las académicas; portales que son precisamente los que ellos han decidido perseguir y quieren cerrar, porque ponen en evidencia las deficiencias de sus servicios y suponen un menoscabo de su imagen pública y su autoridad.

Especialmente lamentable es la interfaz de consulta delNuevo Tesoro Lexicográfico, que en lugar de favorecer la navegación por sus contenidos digitalizados, la impide. Algo tan simple como pretender visualizar el prólogo de cualquiera de los diccionarios que lo componen se convierte en una aventura; ¡basta hacer la prueba! En cuanto a los corpus, otro de los recursos del portal de la RAE que son básicos para los profesionales de la lengua y los investigadores, cabe destacar que la versión en internet no está lematizada, por lo que solo pueden realizarse búsquedas por formas concretas, es decir, el modo más primitivo de consulta; además, su capacidad de procesamiento de búsquedas con comodines es ínfima, lo que se traduce en una respuesta de error. Y, por supuesto, los usuarios no pueden descargárselo, algo que sí permite, por ejemplo, el corpus del inglés (BNC)». Senz, que calificó como «vergonzosas» las declaraciones de Villanueva, observó además que el entrevistado «tampoco dice ni mu de las restrictivas condiciones de reproducción que la RAE impone en su 'Aviso legal' según las cuales no se permiten siquiera enlaces directos a páginas de su portal», algo que, obviamente, es inaceptable en una internet transparente, sinérgica y democrática.

Por nuestra parte, suscribimos la tesis de los estudiosos de las políticas de la lengua española y de sus dimensiones geoestratégica y en el sentido de que lo que está en juego en este lamentable episodio no es sólo el acceso a los recursos de la lengua a la que la Academia debería servir, ni la protección de lo que considera su propiedad intelectual, ni tampoco la atracción de usuarios a su sitio web. La razón que guía a la RAE en su forma de actuar responde sobre todo al guión geopolítico del Estado español y de las trasnacionales españolas, que apunta a asociar internacionalmente la lengua española a lo que llaman «marca España», una estrategia de imagen-país —recogida en documentos oficiales disponibles en la red— que favorece la explotación económica y geopolítica por parte de España del carácter globalizador de la lengua española y de sus puentes históricos y culturales con América Latina.

Una estrategia en la cual la RAE y sus paniaguados desempeñan un papel diplomático, al crear una norma «panhispánica» que dice —aunque no sea así— admitir la diversidad de las hablas cultas americanas, para lograr con ello que su posición de autoridad idiomática siga prevaleciendo en toda América; que se mantenga vivo un sentimiento de comunidad hispánica que haga admisible la presencia de empresas españolas en América Latina, y, finalmente, que las industrias de la lengua y la industria editorial —que sobre todo están desarrolladas en España— puedan operar en todos los países hispanohablantes sin atender realmente a la variedad del idioma de cada país ni contribuir a su crecimiento.

Comprendemos que el Grupo Planeta actúe como lo hace movido por el afán de lucro y la obtención de mayores beneficios, puesto que se trata de una empresa y ese es su papel en la sociedad, pero este proceder resulta indigno en una academia que debería estar dedicada a generar conocimiento y ponerlo a disposición de todos los hablantes. En efecto, para una entidad financiada en parte con el dinero de los contribuyentes españoles, se trata de métodos espurios que manchan su tradición y arrojan dudas sobre sus fines verdaderos.

Y nos referimos no solo al retaceo del uso de sus contenidos y a las amenazas a quienes trabajamos desinteresadamente por la lengua —las acusaciones de afán de lucro que nos hace Villanueva son falaces sino también a su papel político al servicio de los intereses de España y su actitud de prepotencia hacia una América Latina que se independizó hace ya mucho de la metrópoli y que ni debería admitir controles exteriores de sus políticas del lenguaje, ni debería seguir los dictados culturales de la otrora Madre Patria.

Sería de desear que los miembros de la Academia cumplieran su función, actuando como generadores y portadores de conocimiento y no como mandaderos del gran capital y de quienes añoran las glorias imperiales. 

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